Armando Calero, de nueve años, murió en junio de 1992 cuando golpeó su cabeza al caer en el patio de su escuela. Su familia escuchó, en el Hospital de Urgencias, la discusión de dos médicos acerca de que una simple operación podría salvarlo. La intervención nunca se realizó, el niño cayó en coma y le fue colocado un respirador. Poco después el Dr. Edgar Lacombe le mostró a la madre un electroencefalograma (EEC) plano, diciéndole que su hijo había muerto e insistiendo para que donara los órganos. Sin embargo la madre de Armando sostiene que estuvo mirándolo todo el tiempo y que el EEC nunca se lo hicieron: “Yo me negué a donar los órganos porque mi hijo seguía mostrando signos vitales. El daba vuelta la cabeza cuando escuchaba mi voz, tenía una temperatura normal y además movía sus brazos y piernas, por lo tanto vi que no tenía muerte cerebral y no podía donar sus órganos... A pesar de que le quitaron el apoyo médico mi hijo vivió tres días más, y a nosotros siempre nos presionaban para que donáramos los órganos”. Este y otros casos fueron a un proceso en los Tribunales Federales de Córdoba. Veintidós médicos de diferentes hospitales fueron investigados por un equipo bajo las órdenes del juez Luis Rueda, quien testimonió: “Como juez puedo decir que las investigaciones hasta este momento han hallado serias irregularidades en el sentido de la manera y el momento en que se declara la muerte clínica o la muerte cerebral del paciente, y cómo las ablaciones de los órganos son hechas fuera de las normas que manda la ley. Como ciudadano y por las investigaciones que se han llevado a cabo en otras partes del país, podría decir que hay involucrado tráfico de órganos”.
2006-10-20
15:03:33
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pregunta de
hermenegildo g
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